Acusan a equipo de Sandra Cuevas de golpear brutalmente a peatón | VIDEO
Un hombre que paseaba con a su perro por los camellones de la Avenida Paseo de la Reforma, fue agredido a golpes por supuestos trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, por orden de la misma alcaldesa Sandra Cuevas.
La víctima presentó una denuncia por estos hechos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que inició la carpeta de investigación C2C/20240125/00105.
El hecho fue también repudiado a través de redes sociales por políticos incluso de la misma alianza por la que compitió en la elección por la alcaldía, como Maxta González del PRI; Ana Villagran, del PAN; así como militantes de Morena.
Dunia Ludlow, ex subsecretaria de gobierno capitalina; publicó un video en su cuenta de X, en el que relata que Cuevas obligó a la estructura de la alcaldía Cuauhtémoc a participar en una manifestación para autopromocionarse, cerrando la principal avenida de la ciudad.
Cuando la alcaldesa llegó al lugar, agregó, casi atropella a un hombre, quien le reclamo. “Lo que hizo ella, en vez de disculparse, fue mandar a sus golpeadores a lastimar al vecino”, acción que, subrayó, es de un gobierno fascista.
Esto es inadmisible: no puede la policía de Sandra Cuevas golpear a una persona simplemente porque le reclama algo a la alcaldesa.
— Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) January 26, 2024
Sandra Cuevas debe ser castigada inmediatamente.
pic.twitter.com/cAFosEyhWu
El Código Penal estipula que el delito de abuso de autoridad puede acarrear sanciones que incluyen de uno a ocho años de prisión, multa de cincuenta hasta trescientos días, y la destitución e inhabilitación de uno a ocho años para ocupar cargos públicos. Esta regulación también afecta a aquellos que acepten nombramientos o contrataciones bajo condiciones que incurrirían en dicho delito.
En casos más graves, cuando el delito involucre conductas de las fracciones VI a IX del mismo artículo, la ley prevé una penalidad aún mayor: dos a nueve años de prisión, multa de setenta hasta cuatrocientos días y una destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Estas consecuencias demuestran la gravedad con que se consideran los abusos cometidos por los servidores públicos. Las sanciones buscan proteger la integridad de las personas y asegurar el debido ejercicio de las responsabilidades gubernamentales.
